A comienzos de 1960 PSN es una entidad mucho más grande de lo imaginado nunca. El despegue socioeconómico que experimenta España despierta nuevas demandas y necesidades en los mutualistas, que recalientan peligrosamente la actividad de la Mutua. No hay más remedio que acometer una profunda reestructuración jurídica y administrativa que culmina, no sin grandes esfuerzos y controversias en el colectivo, en los nuevos estatutos de 1975, que abrirán otra etapa en la Entidad.

Previsión Sanitaria Nacional entra en la década de los sesenta con el íntimo afán de seguir reduciendo la inquietud de los profesionales sanitarios y prevenir su futuro económico, personal y familiar. El desarrollo de la mutualidad ha sido extraordinario desde su nacimiento, pero todavía se precisa del colectivo una disponibilidad más decidida hacia la idea del mutualismo. La queja a este respecto la pronuncia José Luis Yagüe, secretario del Consejo de Administración, el 28 de noviembre de 1960, al comienzo de la Asamblea: "Hace 30 años que funciona la Institución; muchos de los que se inscribieron entonces en los grupos mínimos obligatorios continúan exactamente igual, pero con 30 años más, se dan cuenta demasiado tarde de que la previsión social es necesaria. Ven el riesgo inmediato, desean cubrirlo, pero se les ha pasado la edad".

La década recién comenzada contemplará algunos sucesos claves en la historia de PSN, que aún sigue presidida por el incombustible Manuel Bermejillo. Por entonces comienzan a hacerse familiares unas siglas que han llegado hasta nuestros días envueltas en la polémica: AMF-AT. Este régimen de previsión, creado en 1946 para los facultativos al servicio de entidades de asistencia médico-farmacéutica y aseguradoras de accidentes de trabajo, comienza a ofrecer sus primeros síntomas de desequilibrio financiero, que con los años se convertiría en el problema más grave de la Entidad.

Ya en 1965 hay plena constancia de que el complicado y no menos polémico diseño que originalmente tuvo el régimen no parece válido para el presente y mucho menos para el futuro, por lo que no hay otro remedio que promover una revisión estadística, actuarial y financiera de sus principios.
La aplicación de estas recomendaciones, surgidas del propio Consejo de Administración, se iría aplazando sistemáticamente debido sobre todo a la falta de decisiones por parte del Ministerio competente en la materia y responsable, según la reciente doctrina del Tribunal Supremo, de lo que siempre ha sido un régimen sustitutorio de la Seguridad Social.